Madre de joven desaparecido pide amparo constitucional ante la negligencia de las autoridades que han perdido el cuerpo de su hijo
El Border Center for Journalists and Bloggers te presenta un reportaje de Esmeralda Sánchez sobre el calvario de una madre buscadora que denuncia la doble desaparición de su hijo
En un calvario que dura 13 años, Marcela Balderas Rodríguez enfrenta la indiferencia de las autoridades de Coahuila en su lucha por recuperar el cuerpo de su hijo, Cosme Humberto Alarcón Balderas, desaparecido en 2011 cuando tenía 16 años. Una vez identificado el cuerpo, un laberinto de omisiones burocráticas ha evaporado cualquier pista sobre su paradero final. En un paso sin precedentes, Marcela busca protección constitucional. La audiencia constitucional se llevará a cabo el 8 de marzo de 2024.
Por: Esmeralda Sánchez / Border News
En un hecho sin precedentes, una madre buscadora demandó a la Fiscalía General del Estado de Coahuila por “actividad irregular de la autoridad” y le solicitó la reparación del daño infringido. La demanda, presentada el 13 de octubre pasado, fue desechada en el órgano interno de control de la Fiscalía siete días después y también por un tribunal administrativo el 24 de noviembre de 2023.
Ahora Marcela Balderas Rodríguez, madre de Cosme Humberto Alarcón Balderas, desaparecido en 2011 cuando contaba apenas con 16 años de edad, ha presentado dos amparos constitucionales pues está convencida de la existencia de graves omisiones de personal de la Fiscalía en el municipio de Torreón que llevaron a la desaparición del cuerpo del joven.
El área jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Juan De Larios de Saltillo interpuso la demanda en la Dirección de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía, órgano encargado de resolver sobre responsabilidades administrativas de su personal adscrito.
La Dirección de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía desechó la demanda siete días después de haber sido presentada, el 20 de octubre, en un proceso inusualmente expedito.
¿Qué dicen las autoridades?
La Fiscalía General de Coahuila presentó una tarjeta informativa en la que puntualiza “a fin de promover la debida prestación del servicio y en su caso corregir posibles actividades administrativas incorrectas, actualmente se encuentra creando una unidad administrativa con las atribuciones, competencias y facultades para admitir, sustanciar y resolver los procedimientos relacionados con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado”. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Juan De Larios de Saltillo, la misma ley obligaba a la institución a crear ese recursos desde 2019.
En su tarjeta informativa, la Fiscalía añadió que “el caso concreto está siendo objeto de análisis ante distintas autoridades y diversas vías, ello momentáneamente hasta que la creación de la Unidad respectiva dentro de la Fiscalía haya sido publicada en las instancias pertinentes y se realicen las designaciones del personal necesario”.
Por su parte, el área de comunicación del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, negó recibir a Border Center, ya que el expediente se encuentra en amparo ante el Poder Judicial de la Federación “y calificado como información reservada”.
“La Fiscalía no sabía ni qué hacer porque nunca había recibido una demanda de esa naturaleza, no sabían ni qué era la responsabilidad patrimonial”, explicó Laura Patricia Rodríguez Martínez, abogada que forma parte del Equipo de Litigio y Estrategia Internacional del Centro.
La demanda tiene bases en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Coahuila, creada en 2019, donde se señala que las víctimas podían solicitar la reparación del daño a través de la denominada “actividad irregular de la autoridad”, en caso de que se generara un daño o afectación a una persona; este derecho a solicitar una indemnización por responsabilidad patrimonial está contemplado en la Constitución Federal desde 2002 y la ley sustantiva se dio en 2017.
La abogada explicó que, de acuerdo con esa ley, la dependencia debió generar, desde ese entonces, las condiciones para que el ordenamiento pudiera ser aplicado dentro de los tres meses inmediatos a que entró en vigor: “Debió haber dotado de facultades a algún organismo de la Fiscalía para resolver, sin embargo no lo hizo”, dijo Rodríguez Martínez.
Vienen los amparos
El Centro Fray Juan De Larios optó entonces por interponer dos recursos: el primero un amparo directo, el 1307/2023, en el Juzgado Quinto del Distrito de Coahuila, por la omisión legislativa de la Fiscalía, que debió haber instalado los mecanismos en su momento para recibir una demanda de esta naturaleza. “Ahora que quiero hacer exigible mi derecho, [la Fiscalía] me está diciendo que no”, dice la abogada.
El segundo amparo directo fue ante el Segundo Distrito contra la decisión de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, cuya titular, la Magistrada María Yolanda Cortés Flores, desechó la demanda de la madre buscadora.
La abogada del Centro Fray Juan lo explica de la siguiente manera: “Quiero impugnar este acto administrativo que me desecha mi demanda, porque es un derecho reconocido por la Constitución desde el 2002, hay jurisprudencia que respalda que puedo exigir este derecho y además esta situación me sigue generando un daño”.
La Audiencia Constitucional será el 8 de marzo. “Lo que estamos tratando de hacer en este segundo amparo es bajo el concepto de violación al derecho de acceso a la justicia y a la legalidad y seguridad jurídica porque consideramos que en el juicio contencioso administrativo se fueron al fondo, cuando lo que se debía resolver era la admisión o no admisión del recurso”, dijo la abogada.
El calvario de Marcela
El jueves 5 de mayo del año 2011 Cosme Humberto Alarcón Balderas, entonces de 16 años, quedó de verse con su mamá, Marcela Balderas Rodríguez, a las 8:00 de la noche en Soriana Oriente, en la ciudad de Torreón, Coahuila.
Se verían luego de que el muchacho saliera del City Club ubicado en Bulevar Revolución de la Colonia Casablanca, donde trabajaba como cerillito; la madre llegó puntual y estuvo esperando, pero Cosme nunca llegó, no contestaba sus llamadas ni mensajes al celular, y el corazón de Marcela dio un vuelco del que nunca se ha podido recuperar.
En ese mismo momento comenzó a buscarlo, durante la madrugada acudió a hospitales, los separos de delegaciones de policía, el Servicio Médico Forense (SEMEFO), la Fiscalía de Delitos contra la Salud y la Vida (también llamada de homicidios) y trató de presentar una denuncia en la Fiscalía de Desaparecidos pero no se lo permitieron porque no habían pasado 72 horas por lo que debió regresar días después para hacerlo.
Solicitó a todas las autoridades información sobre un joven con las características de su hijo que hubiese llegado en las horas posteriores a su desaparición y en todo momento recibió una negativa, acudió al menos cuatro días seguidos al SEMEFO y llevando con ella una foto reciente de Cosme.
La abogada Laura Patricia Rodríguez explicó que desde el colectivo se ha promovido un método para impulsar las investigaciones de las familias, que han denominado revisión de casos, consistente en un trabajo conjunto con acuerdos entre la familia y la autoridad.
Así, en 2016, se obtuvo la referencia de una nota de prensa fechada el 7 de mayo del 2011 en donde se cita que justamente el 5 de mayo habían encontrado un cuerpo de una persona del sexo masculino de 25 años de edad, lo que fue confirmado por la Fiscalía, pero el expediente del caso se perdió por años y fue hasta 2018 que se recuperó.
Al mostrarle a Marcela las fotografías del levantamiento del cadáver, ella reconoce a su hijo y se da cuenta de que éste “fallece ese mismo día, el cuerpo fue reportado a las 8:40, fue levantado a las 11:00 por la funeraria San Antonio, le hicieron la necropsia y le tomaron huellas dactilares y a ese cuerpo de mi hijo le dan una edad de 25 años, a un jovencito que se le ve su carita chica nada más por su cuerpo que estaba muy grande, muy alto”.
Fue por esa equivocación que nunca le dieron acceso a buscar en los cuerpos de mayor edad, no obstante que en efecto, el cuerpo de su hijo estuvo todo el tiempo en el lugar, sólo que en el área correspondiente a los adultos; según refiere, además el personal que llevó el caso no fue el mismo que tuvo acceso a estos restos en el SEMEFO.
En el expediente consta que el cuerpo se había inhumado en el Panteón Municipal 2 de Torreón, donde se hicieron un total de 4 exhumaciones, tres de zonas específicas y una con enfoque masivo, pero ninguno de los restos recuperados dio positivo a Cosme, “por tanto se descartó ese lugar como el de posible localización y eso nos llevó a la pregunta ¿dónde está Cosme?”, señala la abogada.
Ya que anteriormente el SEMEFO colaboraba con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila para las prácticas con cuerpos no identificados, se abrió un proceso de investigación en que se recuperaron alrededor de 10 mil fragmentos óseos que actualmente continúan en análisis
En su tiempo de búsqueda, Marcela fue revictimizada, dice su actual pareja Antonino Herrera De La Rosa, primero diciéndole que su hijo seguramente se había ido por voluntad propia, e incluso alguno de los Ministerios Públicos que la atendieron le aseguró haber hablado con él en persona y le refirió que éste se había quejado de maltratos.
Posteriormente, fue separada de sus otros hijos menores de edad sin su autorización y sin presencia de representación legal para que fueran sometidos a un interrogatorio, en donde asegura, se instruyó por parte del Ministerio Público para que declararan maltrato de su parte, como causal de la desaparición de Cosme.
Omisiones que dañan
“En este caso lo que nosotros llamamos actividad irregular es toda la serie de omisiones que hubo en el caso, porque por ejemplo Marce estuvo yendo a la Fiscalía de Homicidios, a SEMEFO y en esos días el cuerpo lo tenía en resguardo la Fiscalía, y en todo momento se le dijo que no había un cuerpo con esas características, de hecho, cuando le dan salida al cuerpo, fue dentro de los cinco días en lugar de los 15 días que marca la ley”, explicó la abogada del Fray Juan De Larios.
Añade que hubo oportunidades para que la Fiscalía informara a la familia de Cosme del levantamiento del cadáver, porque era su obligación y porque Marcela acudió ante ellos a solicitar la información, “pero estas omisiones han desembocado a que a la fecha no se sabe dónde está el cuerpo de Cosme”, y principalmente, en que su madre “esté viviendo afectaciones en su salud, psicológica, emocional, física y demás, a través de un evento, que es la desaparición que se dio hace tiempo”.
Marcela ha perdido la esperanza de recuperar el cuerpo de Cosme “ya no lo van a encontrar”, por lo que para ella “el que rechacen la demanda se me hace una injusticia”, una más entre las muchas que ha sufrido en estos años.
Entrevista de Esmeralda Sánchez en RompevientoTV
https://www.youtube.com/live/mXsEtc1Euwo?si=331Eg0q5hwvLcI4L&t=15324